Deuda ambiental

Salvo honrosas excepciones, la mayoría de las campañas presidenciales a diputados, alcaldes y representantes a nivel nacional han ignorado por completo el clamor de la ciudadanía por priorizar los temas ambientales como quedara plasmado en la III Encuesta de Ciudadanía y Derechos del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps) el año pasado.

Según este estudio, 93.3% de las personas encuestadas consideraban que “cuidar el medioambiente” debía ser el principal criterio para ser considerado un “buen ciudadano/a”. Pese a ello, en escasos tres meses, una nueva administración presidencial y 81 administraciones alcaldicias tendrán que asumir las riendas de la gestión ambiental a nivel nacional y municipal enfrentando situaciones de larga data y complicada resolución.

Resulta difícil comprender esta paradoja a escasos meses de las masivas protestas contra la minería en noviembre pasado, la crisis del agua que ha afectado el funcionamiento del Canal de Panamá, y el desastre ambiental recurrente de emanaciones tóxicas en el principal vertedero de la ciudad capital. La distancia entre la demanda ciudadana por un mejor ambiente y el desinterés de la oferta política muestra una desconexión entre las aspiraciones de la población por vivir mejor, y la obcecación de los liderazgos políticos y empresariales por generar riquezas monetarias por encima de cualquiera otra consideración.

Esta separación solo nos puede conducir hacia escenarios de conflicto, y las siguientes líneas buscan suscitar una reflexión sobre las cuestiones pendientes en materia ambiental antes que se defina quién va a ser el próximo ocupante del Palacio de las Garzas:

• Los problemas ambientales deben dejar de verse como una competencia exclusiva del Ministerio del Ambiente, y entender finalmente que diversas instituciones son responsables tanto de generar la crisis ambiental como de aportar sus soluciones. En particular, existe una ausencia absoluta de planificación en el uso del territorio que compromete de manera directa al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y a los gobiernos municipales.
• La ciudadanía está menos preocupada por las grandes narrativas que por cuestiones evidentes que afectan su vida cotidiana como el agua que consumen en sus hogares y el aire que respiran. ¿Cómo convencer a las personas de que se puede administrar un vertedero cuando ni siquiera se tiene la capacidad de prevenir la contaminación de una porqueriza?
• Los mecanismos establecidos para lograr justicia ambiental no están funcionando, por lo que se hace necesario la eliminación o creación de nuevas entidades, y no el traslado de responsabilidades hacia los ciudadanos. Quizás valga la pena rescatar lo planteado durante la elaboración del Código de Ambiente que sigue siendo una tarea pendiente después de que el anteproyecto quedara engavetado en 2018.
• Igualmente, los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) han fracasado en su intento de prevenir los daños ambientales; y los de fiscalización y seguimiento ambiental hoy resultan absolutamente disfuncionales. El próximo Ministro/a de Ambiente necesita concentrarse en la efectiva descentralización de su institución a través de la creación de servicios especializados de recursos hídricos, recursos forestales, áreas protegidas y vida silvestre.
• Pero por encima de cualquier otra consideración, hay que superar el mito cientificista que sostiene que las decisiones técnicas están divorciadas de la opinión de la ciudadanía, y que los asuntos ambientales se pueden resolver con limitados cálculos matemáticos.

Al respecto, el papa Francisco nos dice en su encíclica Laudato Si (189): “La política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en diálogo, se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana”.

Los miles de jóvenes que inundaron las calles y avenidas de la ciudad de Panamá hace seis meses no estaban pensando en la construcción de nuevas obras de infraestructura (puentes, ferrocarriles y represas) que han dominado históricamente la vida política panameña sino en un mejor futuro para ellos y para sus descendientes. En esto pienso que se ha complicado la lectura política actual que ha tratado de descifrar los mensajes de hoy utilizando claves del siglo XX. A ellos se unen las voces de los más pobres entre los pobres que también aspiran a un desarrollo desde su propia cosmovisión, y que están profundamente conscientes de que la oferta de los gobiernos postdictadura ha quedado en déficit.

A treinta y cinco años de la transición democrática, no solo se ha incrementado la deuda externa en Panamá ni ha podido superarse la deuda social a la que hiciera referencia el doctor Ricardo Arias Calderón a principios de la década de 1990, sino que se ha ahondado una nueva clase de deuda de carácter ambiental que amenaza la sostenibilidad del país, y que no se puede seguir ignorando, y de esta manera repitiendo los mismos errores. El nuevo gobierno que inicie su mandato el 1 de julio debe recordar que no está partiendo de cero, sino que hereda un balance negativo de ríos destruidos, bosques desaparecidos y desechos acumulados que reducirán su capacidad de maniobra ante las presiones sociales. ¡A ello deberán responder con prontitud, compromiso y humildad!